El fiscal Ramiro González abrió una investigación formal contra el exjefe de asesores de Javier Milei. Se investigan consumos en free shops, hoteles de lujo y servicios personales que habrían sido financiados con fondos públicos durante su gestión al frente de la operadora de centrales nucleares.
La Justicia Federal avanzó este viernes contra una de las figuras más cercanas al entorno presidencial. El fiscal Ramiro González imputó a Demian Reidel, ex titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A., por el presunto uso irregular de tarjetas de crédito corporativas de la firma estatal.
La causa se inició tras la difusión de un informe oficial del Jefe de Gabinete que detallaba gastos por un total de U$S 313.000, realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Según el dictamen fiscal, los consumos incluirían estadías en hoteles de lujo, compras en free shops, servicios de peluquería e incluso gastos en ferreterías, los cuales serían «ajenos al objeto social» de la empresa pública.
Las claves de la imputación
–Gastos no institucionales: El fiscal solicitó medidas de prueba para determinar si los plásticos se utilizaron con fines personales. Se detectaron 45 operaciones en tiendas de aeropuertos por casi U$S 6.000 y compras en marcas de indumentaria deportiva.
–Presuntos sobreprecios: La imputación se suma a una serie de denuncias previas que vinculan a Reidel con la compra de un software administrativo (SAP S/4HANA) con un presunto sobreprecio del 1.000%, valuado en 7 millones de dólares.
Renuncia y antecedentes: Reidel, quien fuera jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, había renunciado a la presidencia de Nucleoeléctrica en febrero de 2026 tras las primeras sospechas de corrupción.
A través de sus redes sociales, el economista negó las acusaciones, calificándolas como una «operación» en su contra. Sostuvo que no existieron consumos personales y que toda la operatoria fue «exclusivamente laboral», argumentando que los gastos están documentados y presentados en sus declaraciones juradas.
El juez Daniel Rafecas ya ordenó las primeras diligencias, que incluyen el pedido de informes bancarios detallados y la identificación de todos los usuarios de las cuentas corporativas bajo sospecha.
