El dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. comparece nuevamente ante el juez federal Ernesto Kreplak. Está acusado de ser el coautor responsable de la adulteración de medicamentos que provocó más de 114 muertes.
El empresario Ariel García Furfaro retoma este lunes su declaración indagatoria en el marco de la megacausa que investiga la tragedia del fentanilo contaminado. La audiencia, que se realiza de manera virtual desde el penal de Marcos Paz donde se encuentra detenido, es la continuación de la jornada iniciada el pasado jueves 23 de abril, la cual debió interrumpirse por graves problemas de conectividad y una «pantalla de Zoom congelada».
Durante las tres horas que logró declarar la semana pasada, García Furfaro mantuvo una postura defensiva firme:
Alegato de sabotaje: El empresario insistió en su inocencia y volvió a plantear la hipótesis de que fue víctima de un «atentado» o sabotaje contra sus plantas de producción.
Responsabilidad técnica: Buscó deslindar responsabilidades directas en la cadena de elaboración de los lotes letales (31.202 y 31.244), a pesar de que la Justicia lo señala como el jefe de la organización.
Situación familiar: La defensa ha intentado en diversas instancias excluir a los familiares de Furfaro —incluyendo a su madre y hermanos— de la responsabilidad penal, alegando que él asumirá las decisiones del conglomerado.
La investigación liderada por el juez Ernesto Kreplak en La Plata ha sumado nuevas pruebas forenses en los últimos meses. Lo que comenzó con 20 víctimas iniciales se ha expandido drásticamente: actualmente se analizan al menos 114 fallecimientos y decenas de pacientes con secuelas permanentes vinculadas al uso de las ampollas adulteradas.
Junto a García Furfaro, también está citada la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi, mientras que otros 12 procesados —entre directivos y empleados— mantienen distintas estrategias judiciales, habiendo optado algunos por el silencio en esta etapa de ampliación de indagatorias.
García Furfaro enfrenta cargos como coautor de «adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, seguido de muerte». Dada la magnitud de la tragedia sanitaria, las penas previstas para este delito oscilan entre los 10 y 25 años de prisión.
La Justicia busca cerrar esta etapa de recolección de pruebas para elevar la causa a juicio oral antes de fin de año, en lo que ya se considera el caso de negligencia criminal farmacéutica más grave de la historia argentina reciente.
