La aplicación de la Ley Nacional 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a los 14 años en todo el país, sufrió un duro revés en el principal distrito electoral de la Argentina. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que suspende por 60 días la normativa en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La resolución judicial se dio a conocer luego de que la magistrada hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Las organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que los centros de detención locales exhiben graves fallas estructurales y no están dadas las condiciones edilicias ni presupuestarias para recibir la ola de menores que ingresarán al sistema
«No vamos a crear más seguridad»
Tras firmar el fallo, la jueza Pascual defendió públicamente su postura. Aclaró que su objetivo no es cuestionar el fondo de la reforma ni la baja en la edad de punibilidad, sino alertar sobre el colapso operativo que provocaría una implementación apresurada
«Con esta ley no vamos a crear más seguridad», sentenció en declaraciones radiales, remarcando que un aumento considerable de internos sin los recursos socioeducativos adecuados convertirá a los institutos de menores en «escuelas de delito». «Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria», advirtió.
La jueza recalcó que su responsabilidad es proteger tanto los derechos constitucionales de los adolescentes como el bienestar de los propios vecinos del Conurbano, quienes demandan una seguridad real y duradera.
Los detalles del impacto en la Provincia
El escrito judicial que frenó la reforma expone las grandes carencias del sistema bonaerense frente a las exigencias de la Ley 27.801:
Falta de infraestructura especializada: La ley prohíbe de forma taxativa que los adolescentes compartan espacios con mayores de edad y exige centros específicos de resocialización. Buenos Aires no dispone hoy de plazas suficientes para evitar el hacinamiento.
Carencia de personal idóneo: El nuevo régimen introduce figuras técnicas como la del «supervisor» institucional y demanda equipos interdisciplinarios (médicos, psicólogos, operadores socioeducativos) que hoy no están financiados ni designados en la estructura provincia,
Sobrecarga del Poder Judicial: Sumar a chicos de 14 y 15 años multiplicará de forma inmediata las causas, las audiencias y la necesidad de defensores y fiscales especializados, poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos procesales.
Conflicto político y próximos pasos
La resolución de la magistrada abrió un nuevo capítulo de tensión política. Mientras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya venía cuestionando el enfoque del Gobierno Nacional —criticando que se centre el debate en la edad y no en la prevención profunda—, desde la administración de Javier Milei salieron a cruzar con dureza la suspensión cautelar.
Con el objetivo de destrabar la situación, la jueza convocó a una audiencia multipropósito para el próximo 16 de septiembre a las 10:00 horas. En este encuentro, las máximas autoridades ministeriales del Poder Ejecutivo bonaerense (Seguridad, Justicia y Niñez) deberán presentarse ante el tribunal para informar qué medidas concretas y partidas presupuestarias se destinarán para que el nuevo esquema pueda ser viable. Por el momento, y durante los próximos dos meses, los adolescentes de 14 y 15 años de la provincia de Buenos Aires continuarán fuera del esquema de punibilidad de la flamante ley pena
