En la antesala de una nueva convocatoria del Consejo del Salario, el Gobierno nacional —a través de la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero— activó una sorpresiva estrategia para los sectores formales de menores ingresos. La iniciativa oficial apunta a que las cámaras empresarias y los sindicatos establezcan un salario mínimo garantizado superior a $1.000.000 (con un horizonte de referencia de $1.070.000) en las renegociaciones de los convenios colectivos de trabajo.
La meta de la Casa Rosada es implementar este piso por fuera de la discusión tradicional del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Según explican desde los despachos oficiales, el mecanismo se canalizaría mediante la paritaria libre de cada sector, permitiendo el uso de bonos no remunerativos para complementar los ingresos más rezagados sin romper el tope general de aumentos del 2% que promueve el Ministerio de Economía. Con esto, el Ejecutivo aspira a apuntalar el consumo masivo y acompañar los nuevos créditos hipotecarios, apostando a que el ajuste sea absorbido por las empresas y no se traslade a la inflación.
Radiografía de los sectores rezagados
La propuesta busca impactar directamente en las actividades económicas cuyas remuneraciones promedio quedaron fuertemente golpeadas por la pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo con los últimos informes oficiales del sector privado, varias actividades todavía muestran ingresos básicos por debajo del millón de pesos:
- Gastronómicos: Con una mediana salarial estimada en $803.991.
- Construcción: Se ubica apenas en el límite con $1.001.342.
- Otros rubros: Sectores de maestranza, sanidad y comercio minorista registran las caídas reales más profundas en sus convenios básicos.
El escepticismo de la CGT y las dudas empresarias
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) recibió la propuesta con marcadas reservas y cierta desconfianza. Jorge Sola, secretario de Prensa de la central obrera, calificó la jugada como «una operación del propio Gobierno» y ratificó que las paritarias deben ser acuerdos libres entre las partes y no un instrumento sujeto al plan de baja inflacionaria. Desde el sindicalismo insisten en que el verdadero ingreso básico de un trabajador registrado debería equivaler al costo de la canasta básica familiar, la cual ya supera los $1.560.000.
Por el lado empresario, las dudas se concentran en la capacidad financiera de las PyMEs y los comercios de sectores críticos para absorber este nuevo piso mínimo de gastos fijos en medio de la recesión y la caída de la actividad productiva.
Dos frentes de discusión simultáneos
A partir de este viernes, el debate de los ingresos se moverá en dos carriles paralelos:
- Mesa del SMVM: El Consejo del Salario actualizará el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se encuentra en $376.600. El Gobierno argumenta que este valor solo afecta de manera directa a menos del 1% de los asalariados registrados públicos y privados, utilizándose principalmente como referencia para planes sociales y el empleo informal.
- Negociación por Convenio: Las mesas técnicas de la Secretaría de Trabajo presionarán para introducir el piso de $1.070.000 mediante sumas fijas en las actas paritarias listas para homologar.
El éxito del plan oficial dependerá de la muñeca política del Ministerio de Capital Humano y de Trabajo para convencer a dos bloques que miran de reojo el impacto real de la medida sobre la estructura de costos y el bolsillo de los trabajadores.
