En una nueva jornada crucial del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, el Tribunal de San Isidro recibe este miércoles los testimonios de tres custodios que acompañaron al astro en sus últimos días. La atención está puesta en Julio César Coria, el exjefe de seguridad que en el proceso anterior terminó arrestado por presunto falso testimonio. Además, comparecen ante los jueces los agentes Julio Soria y Marcelo «Chori» Domínguez.
El debate oral entró en su tramo final tras tres meses de audiencias y la declaración reciente de su asistente, Vanesa Morla. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren buscan reconstruir con precisión milimétrica la rutina dentro de la casa del barrio San Andrés de Benavídez. El rol del personal de seguridad es clave para determinar las fallas en el control de la salud del «Diez».
El antecedente que marca la audiencia
La expectativa principal gira en torno a Julio César Coria. Durante el primer juicio, el custodio sostuvo haber visto a la psiquiatra Agustina Cosachov realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Maradona el 25 de noviembre de 2020. Al ser una versión que omitió en sus primeras declaraciones y tras negar contactos telefónicos con el neurocirujano Leopoldo Luque que la fiscalía comprobó mediante cruces de llamadas, el tribunal ordenó su detención inmediata el pasado 25 de marzo.
Coria es un testigo fundamental debido a que fue una de las personas que intentó asistir a Diego Maradona realizándole respiración boca a boca cuando lo encontraron descompensado en su habitación.
El estado de la causa
El proceso cuenta con siete profesionales de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual:
- Leopoldo Luque (Neurocirujano)
- Agustina Cosachov (Psiquiatra)
- Carlos Díaz (Psicólogo)
- Nancy Forlini (Coordinadora médica de Swiss Medical)
- Mariano Perroni (Coordinador de enfermeros)
- Ricardo Almirón (Enfermero)
- Pedro Di Spagna (Médico clínico)
Las audiencias continuarán durante las próximas semanas para definir la responsabilidad penal de los acusados, quienes enfrentan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.
