La Justicia federal deberá definir antes de fin de mes si Cecilia Goyeneche es removida del cargo de Procuradora Adjunta.
El Superior Tribunal de Entre Ríos rechazó el amparo de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche contra el avance del jury en su contra, por lo que ahora el Jurado de Enjuiciamiento deberá elegir el destino la magistrada quien está al borde de ser destituida.
Luego de que el Tribunal se negara a revisar el amparo, la Corte Suprema le solicitó que lo hiciera por pedido de la investigada. En menos de una semana, el organismo entrerriano denegó lo presentado tirando abajo el último recurso de Goyeneche.
Al respecto, la fiscal se dijo: «Como dijimos desde el primer día, en Entre Ríos esta causa no está siendo tratada con herramientas jurídicas, no se está respetando el derecho, sino que se actúa con un objetivo político claro, lograr la destitución y el disciplinamiento de los investigadores de corrupción, así lo demuestra también esta sentencia».
El argumento del amparo de Goyeneche fue que el Jurado designó como acusador en el jury a alguien que no es fiscal, es solo abogado. Según la mayoría del Jurado, no podían poner a un fiscal porque todos dependen de ella y de Jorge Amilcar García, el procurador general, que también fue denunciado.
Si bien el jury no anunció cuando tomará la decisión, se espera que la respuesta sea rápida ya que a fin de mes se cumplen 6 meses de la suspención de Goyeneche, y si hasta entonces no se define su situación, ésta podrá volver a su cargo.
Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas que describieron circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición. El caso de los “Contratos de la Legislatura” provincial reveló una red para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento la fiscal.
Pero de investigar la corrupción política pasó a estar acusada. El 30 de noviembre pasado se le abrió un Jury de Enjuiciamiento con el argumento de un supuesto “mal desempeño”. Se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa “Contratos”, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. Tan grave fue la situación, que la propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.
