La reforma de buena parte del Derecho Canónico anunciada hoy por el Vaticano, que incluye la tipificación de los abusos a menores como «delitos contra la dignidad y la vida» entre otros cambios, se suma a la lista de medidas que el papa Francisco ha impulsado desde su entronización en 2013 para erradicar ese comportamiento de la Curia.
Uno de los puntos más concretos en la batalla contra lo que denominó como la «brutalidad de la pederastía» fue la decisión, en diciembre de 2019, de eliminar el secreto pontificio para los casos de abusos a menores.
Mediante una disposición firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa anuló el secreto pontificio para los casos que involucren «la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio».
La disposición de diciembre de 2019 alcanzó también a los casos de posesión y distribución de pornografía infantil, «así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas».
En ese entonces, Francisco dispuso además que a partir de ahora «el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles».
Así, los magistrados civiles de los países que investiguen este tipo de delitos podrán tener acceso a las actas de los procesos canónicos
Además, la reescritura de las disposiciones dadas a conocer hace un año y medio elevaron hasta los 18 años, en vez de los 14 previos, la edad sobre la cual es delito canónico atesorar imágenes pornográficas.
La resolución de diciembre de 2019 se basó en un decreto papal de mayo de ese año, «Vos estis lux mundi» («Ustedes son la luz del mundo»), con el que Francisco obligó a obispos y religiosos a denunciar casos de abusos en la Iglesia.
«Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles», planteó entonces.
En el escrito, que reúne directivas esbozadas en el encuentro anti-pederastía que hizo el Vaticano en febrero de ese año, Francisco ordenó a los religiosos a tratar con respeto a los denunciantes de abusos y sus familias, a los cuales se les debe ofrecer asistencia espiritual, escucha, asistencia médica, terapéutica y psicológica.
El decreto, que rige por el momento «ad experimentum» por tres años, busca sancionar las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos «con la intención de interferir o evadir» las investigaciones de los abusos.
La disposición de diciembre de 2019 y el decreto de mayo fueron dos de las consecuencias directas de la histórica cumbre antipederastía que Francisco organizó en febrero de ese año para buscar impulsar un «Nunca Más» dentro de la Iglesia sobre el tema, luego del escándalo que sacudió a Chile, por una serie de abusos y encubrimientos que derivó con la renuncia de 33 obispos del país trasandino a inicios de 2018 y un fuerte golpe a la credibilidad vaticana en la materia.
Como resultado de las directivas aprobadas en esa cumbre, en febrero de 2020, el Vaticano creó una «task force» para asistir a los países en la lucha contra abusos a menores
El Papa se ha interesado además en escuchar la versión de las víctimas en los procesos de legislación y por eso este año formalizó la incorporación del periodista chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos por parte de un sacerdote, como miembro de la Comisión para la Tutela de Menores del Vaticano, encargada de la lucha contra la pederastía en la Curia.
Cruz, convertido en un ícono global de la lucha contra los abusos en la Iglesia, fue una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, dentro de la trama de pederastía y encubrimientos que terminó con la renuncia de todo el episcopado chileno en 2018.
