La investigación penal por las presuntas irregularidades en la entrega en concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y sectores del Parque de los Deportes sumó un capítulo crítico. La ONG Mirada Ciudadana —aceptada como particular damnificado en la causa— solicitó formalmente a la Justicia de Mar del Plata una batería de allanamientos urgentes y nuevas medidas de prueba ante el riesgo de alteración de archivos digitales.
El escrito, presentado por el dirigente César Ventimiglia con el patrocinio del abogado César Sivo, no solo denuncia un «pliego a medida», sino que además pide la intervención de la Justicia Federal por presunto lavado de activos y fraudes tributarios.
Las sospechas sobre el pliego y la firma ganadora
La presentación judicial reconstruye una cronología «llamativa» en torno a la empresa Minella Stadium S.A., el único oferente que se presentó y obtuvo un puntaje perfecto (100 sobre 100):
Sociedad «exprés»: La firma se constituyó el 11 de diciembre de 2024, apenas ocho días antes de que el Concejo Deliberante aprobara las bases de la licitación. Sus representantes ya realizaban visitas de obra antes de estar formalmente autorizados por su propio directorio.
El peso del factor AFA: El pliego otorgaba 30 de los 100 puntos totales a quien acreditara un convenio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La querella señala que dicho convenio no generaba obligaciones reales para la entidad madre del fútbol y que existe una relación de «público conocimiento» entre el directivo de la firma, Eduardo Spinosa, y el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
Antecedentes falsos o inexistentes: Minella Stadium S.A. acreditó experiencia internacional a través de su socia brasileña Revee. No obstante, un relevamiento de la ONG en San Pablo demostró que varios de los estadios presentados como «casos de éxito» —como el Fonte Luminosa— no registraban obras de envergadura o directamente no funcionaban al momento de la licitación.
Avales dudosos: Se incluyó un compromiso de aporte de USD 40 millones respaldado por una carta de crédito del Banco Master de Brasil por 458 millones de reales. El documento judicial advierte que la carta tiene fecha previa a la creación de la propia empresa y del llamado a licitación.
Descalabro financiero y un polémico cambio de manos
A la par de las dudas de origen, la ONG denunció la alarmante situación operativa del complejo deportivo. A pesar de los millonarios ingresos por los espectáculos musicales desarrollados, la firma registra más de $600 millones en cheques rechazados al mes de agosto y sufrió el corte del suministro eléctrico por parte de la distribuidora EDEA debido a la falta de pago. Mientras tanto, las obras de infraestructura prometidas siguen sin ejecutarse.
Ante esta crisis, la concesionaria inició un proceso de transferencia accionaria para habilitar el desembarco del empresario de medios y entretenimientos Marcelo Fígoli (a través de la firma Perfeta S.A.). Para los denunciantes, esta maniobra busca «convalidar una irregular cesión» que termine tapando un desfalco económico en perjuicio del patrimonio municipal.
Los pedidos concretos a la Justicia
Para evitar la pérdida de pruebas, la querella exigió habilitar de forma inmediata:
1-Allanamientos en dependencias oficiales del municipio para secuestrar expedientes y computadoras.
2-Peritajes informáticos sobre las casillas de correo electrónico institucionales de los funcionarios intervinientes.
3-Oficios al Banco Central (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), Camuzzi y bancos privados para auditar la ruta del dinero y las deudas vigentes.
4-Exhortos internacionales a Brasil para certificar la veracidad de las garantías bancarias presentadas.
La causa penal se originó a partir de una denuncia formulada por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani. El expediente pone la lupa sobre las responsabilidades de la gestión del intendente Guillermo Montenegro y de su jefe de bloque, Agustín Neme (quien ejerció el interinato municipal durante etapas clave del trámite) por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública.
