El Gobierno nacional retiró el capítulo de extranjerización de la Ley de Tierras para evitar un duro revés en el Senado. Ante la falta de los 37 votos necesarios para su aprobación y el rechazo explícito de gobernadores y bloques aliados, el oficialismo de La Libertad Avanza debió dar marcha atrás con las modificaciones que buscaban flexibilizar la compra de campos por parte de capitales foráneos. La decisión se tomó de urgencia para intentar salvar el resto del proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
En una negociación contrarreloj liderada por Patricia Bullrich, la Casa Rosada cedió ante la presión de los gobernadores aliados y eliminó el apartado más polémico del proyecto de Propiedad Privada. El resto de la ley se debatirá este jueves.
En una maniobra de último momento destinada a salvar la sesión parlamentaria de este jueves, el bloque oficialista en el Senado de la Nación resolvió amputar la totalidad del capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras del paquete de leyes de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». La reforma, ideada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no resistió la pérdida de apoyo político entre las bancadas dialoguistas y los mandatarios provinciales.
La senadora y jefa de la estrategia oficialista en el recinto, Patricia Bullrich, había defendido apenas unas horas antes un dictamen de consenso modificado, que pretendía elevar el tope nacional y provincial de extranjerización del 15% al 25%. Sin embargo, la propuesta de eliminar la barrera de las mil hectáreas en la zona núcleo y abrir la compra en áreas de seguridad fronteriza y recursos hídricos clave unificó el rechazo de la oposición y de gobernadores cercanos al Gobierno, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Las razones de la retirada táctica
Fuentes parlamentarias confirmaron que el oficialismo apenas arañaba las 32 voluntades, quedando lejos de la mayoría absoluta requerida en la Cámara Alta. Ante el riesgo inminente de sufrir un duro revés legislativo en el recinto, sumado a la fuerte presión social y a las movilizaciones convocadas a las afueras del Congreso Nacional por diversos sectores políticos y ambientales, la Casa Rosada optó por retirar el articulado en conflicto.
Con esta concesión, La Libertad Avanza busca blindar la aprobación del resto de la normativa. El proyecto remanente que irá a votación mantiene otros puntos de alto impacto técnico y político que cuentan con mayor consenso:
–Ley de Desalojos: Mecanismos para acelerar la restitución de propiedades inmuebles en casos de usurpaciones u ocupaciones ilegales.
–Ley de Expropiaciones: Modificaciones en los requisitos legislativos y los criterios de indemnización económica por parte del Estado.
–Ley de Manejo del Fuego: Cambios normativos dirigidos a liberar las restricciones de uso sobre terrenos e inmuebles que hayan sido afectados por incendios o catástrofes naturales.
A pesar de que desde el oficialismo deslizaron que el debate sobre las tierras rurales se mantendrá en comisión para buscar consensos futuros, la marcha atrás representa un freno político significativo en la agenda de desregulación económica que impulsa el Poder Ejecutivo.
