Más de 20 personas imputadas en la denominada «Megacausa Anses» serán juzgadas desde hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la ciudad de Mar del Plata, acusadas de haber defraudado al Estado por una suma millonaria, a través de la tramitación irregular de cientos de jubilaciones y pensiones.
Entre los acusados figuran abogados, médicos, contadores, técnicos, peritos oficiales y dos ex empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), procesados por llevar adelante presuntas maniobras defraudatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para obtener beneficios previsionales mediante el uso de relaciones laborales falsas y la simulación de afecciones de salud con certificados e historias clínicas apócrifos.
El juicio se desarrollará desde las 10 en el tribunal ubicado en avenida Luro al 2400, y la acusación por parte del Ministerio Público estará a cargo del fiscal que llevó adelante la instrucción del caso, Nicolás Czizik.
Como querellantes intervendrán además de la Anses, la AFIP y la Superintendencia de Riesgos de Trabajos.
Cuatro de los acusados, entre ellos tres médicos, están imputados como jefes y organizadores de una asociación ilícita y coautores de los delitos de defraudación contra la administración pública reiterado en más de ochenta ocasiones, y alteración dolosa de registros.
Se trata de Rubén Cagni (52), Roberto Balbuena (67) y Luciano Conrado Diez Suárez, imputados además por el delito de cohecho, y de Luis Iros (71), quienes estaban al frente de «Organización Jurídico Previsional S.R.L», un estudio que funcionaba en el barrio marplatense de Chauvín.
También serán juzgados otros 18 acusados de formar parte de la asociación ilícita, y una abogada imputada como coautora del delito de «defraudación contra la administración pública».
También están acusadas más de 25 personas que consiguieron o tramitaron beneficios previsionales a través de estos mecanismos.
La organización fue desbaratada a partir de una denuncia formulada en mayo de 2018 por la Anses, y de acuerdo a la investigación, las maniobras denunciadas «ocasionaron un perjuicio al Estado Nacional que asciende, conforme lo estimado por AFIP, a la suma de 90 millones de pesos».
De acuerdo a la investigación, el grupo se dedicaba a gestionar y tramitar «beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial para la administración pública de considerable envergadura».
Según la instrucción del caso, las maniobras «consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa» para generar «una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados» que resultaban ser los beneficiarios.
De ese modo, lograban «fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios».
Según indicó en la elevación a juicio, el juez Santiago Inchausti, la organización utilizaba el CUIT de «aquellos supuestos empleadores falsos», para declarar «servicios apócrifos en relación de dependencia, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas».
«La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecían como extraviados», aseguró.
El magistrado señaló además que la organización tenía «capacidad e incidencia» para «lograr dictámenes favorables», ya que contaba con una «cartera de profesionales médicos que trabajaban sistemáticamente para ellos y expedían certificados con diversas patologías, sobrevaloradas, exageradas o inexistentes».
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