En un fallo de alto impacto político y social, la Justicia laboral dictó hoy una medida cautelar que suspende la aplicación de casi la totalidad de la reforma laboral recientemente sancionada por el Congreso. La decisión, que alcanza a 82 artículos de la normativa, responde a una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) que cuestiona la constitucionalidad de los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo.
Puntos clave de la suspensión
La resolución judicial paraliza de forma provisoria ejes centrales de la nueva ley, entre los que se destacan:
–Indemnizaciones y aportes: Quedan frenadas las modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y la reducción de aportes solidarios.
–Convenios colectivos: Se suspendió la limitación a la ultraactividad (vigencia automática) de los convenios, un punto crítico para la negociación sindical.
–Período de prueba: La justicia dejó sin efecto la eliminación de la obligación de preaviso durante el período de prueba, devolviendo las condiciones previas de desvinculación.
–Actualización de créditos: Fallos en Córdoba y La Plata ya habían declarado la inconstitucionalidad del artículo 55, que limitaba el sistema de actualización de montos en juicios laborales en trámite.
El conflicto de fondo
La central obrera argumenta que la reforma vulnera el principio de progresividad, al reducir derechos adquiridos que no pueden ser recortados por ley según la Constitución Nacional. Por su parte, el Gobierno Nacional ya anunció que apelará el fallo para intentar restablecer la vigencia de la norma, que había sido publicada en el Boletín Oficial apenas el pasado 6 de marzo.
Incertidumbre en el mercado
A pesar de la suspensión masiva, algunos sectores judiciales mantienen criterios divididos; mientras juzgados laborales avanzan con las cautelares, el Fuero Contencioso Administrativo Federal rechazó en otras instancias pedidos similares por considerar que no se acreditó un «perjuicio irreparable» inmediato.
Se espera que la disputa legal escale rápidamente hasta la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la palabra final sobre la validez de la reforma laboral de 2026. Por el momento, abogados y especialistas recomiendan consultar cada caso particular, ya que la aplicación de los artículos suspendidos queda congelada hasta que se dicte una sentencia sobre la cuestión de fondo.
