El ex militar, general de brigada Omar Edgardo Parada, de 94 años, iba camino al Departamento Central de la Policía Federal Argentina para prestar declaración por videoconferencia, cuando acusó problemas de salud y debió recibir atención médica.
El exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, uno de los exmilitares de mayor rango acusados de infligir torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, se descompensó en la ciudad de Buenos Aires y no pudo ser indagado -por teleconferencia- por la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
Parada, de 94 años, era trasladado hasta el edificio del Departamento Central de la Policía Federal Argentina -en la ciudad de Buenos Aires- donde estaba prevista su declaración por videoconferencia, cuando acusó problemas de salud y debió recibir atención médica.Como consecuencia de ello, fue derivado al Hospital Militar Central, donde quedó internado.
Causa imprescriptible
El general retirado del Ejército es uno de los exoficiales y suboficiales involucrados en la causa que se investiga desde 2007 y que, según confirmó la semana pasada la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), incluye delitos de “lesa humanidad” y por lo tanto no sujetos a prescripción.
Tanto Parada como otro centenar de exmilitares están acusados de infligir tormentos a los soldados, entre ellos estaqueamientos y enterramientos que fueron descriptos por decenas de denunciantes.
La jueza Borruto ya procesó a cuatro exmilitares en febrero de 2020 (tres de esos procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones) y en mayo de ese mismo año llamó a otras seis nuevas indagatorias aunque, a raíz de las restricciones sanitarias por la pandemia, los actos se fueron posponiendo hasta casi un año después.
Ex combatientes
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, recordó en un comunicado que el exgeneral Parada comandaba la III Brigada de Infantería del Ejército integrada por unidades militares con asiento en el litoral, entre ellas el Regimiento de Infantería 5 con asiento en Paso de los Libres que en 1982 ocupó la posición de Puerto Yapeyú, en la Isla Gran Malvina.
El “Informe Rattembach”
Según el Cecim, el conocido como “Informe Rattembach” que evaluó el desempeño de las Fuerzas Armadas durante la guerra, le atribuyó a Parada, “responsabilidades en lo Penal Militar” por no haber “visitado a la tropa de la Agrupación Litoral que tenía a su mando en posiciones como Pradera del Ganso y Puerto Yapeyú, entre otras”.
De acuerdo con el informe, “el General (Lucio Benjamín) Menéndez (gobernador militar de las Malvinas durante el conflicto bélico) le impartió la orden de trasladarse a los lugares donde se combatía, y no lo hizo atribuyendo cuestiones de seguridad y permaneció todo el conflicto en alguna casa de Puerto Argentino”.
El Cecim también le atribuye a Parada haber tenido “una activa participación en la represión ilegal durante la dictadura cívico militar” que gobernó el país entre 1976 y 1983.
Más citaciones e indagatorias
Las indagatorias continuarán este miércoles con la declaración de Jorge Aníbal Santiago Cadelago, mientras que el miércoles debería presentarse Jorge Guillermo Díaz.
Por su parte, para el 20 de abril fue citado Emilio Samyn Duco; para el 21, Horacio Francisco Vlcek; y para el 22, Jorge Raúl Masiriz.
La película «Iluminados por el fuego» y su incidencia en el juicio
Todas las indagatorias se realizarán por videoconferencia, con la jueza Borruto y el fiscal Marcelo Rapoport en el juzgado fueguino, y los imputados en un tribunal próximo a su lugar de residencia.
«Su traslado a Tierra del Fuego no es aconsejable en el contexto de la pandemia. Tratamos de avanzar en la causa minimizando los riesgos sanitarios», explicaron los voceros judiciales.
La causa Nº 1777/07, caratulada «Pierre Pedro Valentín y otros sobre delitos de acción pública» tuvo su origen en la proyección de la película «Iluminados por el fuego» (dirigida por el actual ministro de Cultura Tristan Bauer y guionada por el excombatiente Edgardo Esteban) que organizó en 2005 la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.
Al final del evento, varios ex combatientes que estaban en la sala se quedaron en sus butacas, visiblemente conmocionados y con lágrimas en los ojos.
El subsecretario Pablo Bassel habló con ellos y comenzó a enterarse de que varios habían sido víctimas de tormentos.
Dos años después, el funcionario correntino presentó la denuncia en Río Grande con los primeros 25 casos.
Posibles asesinatos por parte de oficiales contra su propia tropa
En diciembre de 2018 la Justicia citó por primera vez a prestar declaración indagatoria a 18 de los 95 imputados, aunque en diciembre de 2019 solo declararon Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.
En febrero de 2020, la jueza Borruto procesó a los cuatro: a Garde se le imputaron dieciocho hechos, a Affranchino Rumi dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados) a Gassino el enterramiento de cinco soldados y a Calderini el estaqueamiento de dos.
Uno de los hechos, por ejemplo, comprendió el enterramiento de cinco soldados por sacrificar una oveja para comer, mientras que otro se refirió a la muerte de dos soldados durante esos vejámenes.
Por su parte en un fallo conocido la semana pasada, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de contra Gardé, Gassino y Calderini, y dictó la «falta de mérito» respecto de Affranchino Rumi.
Respecto de ellos, la estrategia del fiscal Rapoport será solicitar la «inmediata elevación a juicio», indicaron las fuentes judiciales consultadas.
Los hechos encuadran en la categoría de «delitos de lesa humanidad»
«Ni bien los procesamientos queden firmes, estarían dadas las condiciones para el juzgamiento oral de esta primera parte de la causa. Y sería un hecho histórico», ratificaron los voceros.
El fallo de la Cámara chubutense también ratificó por mayoría que los hechos investigados encuadran en «delitos de lesa humanidad» porque «no fueron aislados o aleatorios» sino que «presumiblemente formaron parte de una agresión, desplegada por la superioridad contra el personal subalterno, que por lo menos habría gozado de la aquiescencia del Estado», indicó la resolución judicial.
Con las actuales indagatorias aún quedarían por declarar otros ocho ex militares de los citados en 2018.
