La solicitud fue presentada ante el juez federal Luis Armella. El giro en la investigación se dio tras la reciente filtración de videos que muestran bolsos con millones de dólares en un vestidor.
Un nuevo y definitorio capítulo sacude el tablero político y judicial de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Sergio Mola solicitó de manera formal la detención inmediata del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El pedido se da en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La resolución final quedó ahora en manos del juez federal Luis Armella, quien deberá evaluar los argumentos de la fiscalía para determinar si ordena el arresto definitivo del exfuncionario bonaerense.
El expediente judicial sumó un impulso determinante tras la reciente difusión pública de una serie de videos filmados en el entorno íntimo de su expareja, Jésica Cirio. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observan numerosos fajos y bolsas transparentes con miles de dólares en efectivo ocultos en el interior de un vestidor de su propiedad.
Los videos que aceleraron la causa
Frente a las nuevas evidencias, la Justicia reactivó los procedimientos con celeridad. En las últimas horas se ordenaron allanamientos en dos domicilios vinculados a Cirio y a su actual pareja, Elías Piccirillo, con el objetivo de asegurar dispositivos electrónicos y documentación de interés para el caso.
Por su parte, la conductora televisiva entregó su teléfono celular de forma voluntaria bajo cadena de custodia. El fiscal Mola ya solicitó un peritaje técnico informático exhaustivo sobre las grabaciones para determinar la autenticidad y cantidad de dinero.
El origen del escándalo patrimonial
La investigación penal contra el histórico dirigente peronista se inició en septiembre de 2023, tras difundirse fotografías de Insaurralde a bordo del lujoso yate «Bandido» en Marbella, España.
Aquel episodio, conocido como el «Yategate», forzó su renuncia y dio inicio a pericias contables que apuntan a una inconsistencia entre el estilo de vida del exfuncionario y sus ingresos declarados desde el año 2003. La expectativa se traslada ahora a los tribunales federales, donde el juez Armella definirá el futuro de Insaurralde.
