Un nuevo crimen de un defensor ambiental sacude a la Amazonía peruana. La víctima fue el líder indígena Héctor Ramírez Chota. Lo asesinaron a balazos el 24 de julio en la región de Ucayali, al este del país.
Diversas organizaciones denuncian que se trató de un ataque por represalia debido a su labor en defensa del bosque amazónico frente al avance de actividades ilegales como el narcotráfico y la deforestación.
Ramírez Chota, de 60 años, era dirigente de la comunidad nativa San Juan de Uchunya e integrante activo de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU).
En los últimos años, había participado en denuncias por invasión de territorios indígenas, tala ilegal y tráfico de tierras en la zona.
Un nuevo crimen y una larga lista de ataques contra líderes ambientales
La organización Global Witness y otras entidades de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre el alto riesgo que enfrentan los defensores ambientales en la Amazonía, especialmente en Perú, Colombia y Brasil.
Según datos recientes, Perú es uno de los países más peligrosos para los activistas que luchan por los derechos de la tierra y el ambiente.
La FECONAU responsabilizó directamente al Estado peruano por no garantizar la seguridad de las comunidades indígenas ni actuar frente a las amenazas que sufren sus líderes. Desde hace tiempo, la federación reclama medidas de protección urgentes para quienes denuncian actividades ilícitas en los territorios amazónicos.
Tras el asesinato del defensor ambiental, reclaman justicia y protección
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, como IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, exigieron que el crimen sea rápidamente investigado y que se proteja a las comunidades que continúan expuestas a grupos armados, traficantes de tierras y redes del narcotráfico.
También se pidió al Ministerio del Interior del Perú y a la Fiscalía de Crimen Organizado que actúen con celeridad. Se pide transparencia para esclarecer el caso y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
Este nuevo caso refleja una problemática estructural en América Latina, donde líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales son asesinados o perseguidos por proteger los recursos naturales, denunciar intereses económicos ilegales o reclamar derechos territoriales.
Solo en México, asesinaron al menos a 84 defensores del ambiente desde 2016, en una posible relación directa con su incansable labor. La alarmante cifra subraya la profunda deuda que el Estado mexicano mantiene con aquellos que arriesgan sus vidas para proteger los recursos naturales del país.
La Amazonía, considerada el pulmón verde del planeta, sigue siendo escenario de violencia, deforestación acelerada y conflictos por el uso de la tierra.
La protección de sus defensores es esencial para la conservación de la biodiversidad y el respeto a los pueblos originarios.
