El juez Ariel Lijo dispuso el análisis del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la casa del country Indio Cuá. Buscan verificar el origen de los 245.000 dólares que se habrían pagado en efectivo.
En un giro clave para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia Federal ordenó este martes el peritaje oficial del teléfono celular de Matías Tabar, el arquitecto y contratista que lideró las obras de remodelación en la vivienda del funcionario.
La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo tras un pedido formal del fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo central de los peritos de la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) es recuperar registros de comunicaciones y mensajes de WhatsApp que podrían haber sido eliminados, con el fin de reconstruir la trazabilidad de los pagos.
El dispositivo fue entregado de manera voluntaria por el propio Tabar tras prestar declaración testimonial en los tribunales de Comodoro Py. Durante su comparecencia, el constructor aportó datos que complican la situación del vocero presidencial:
Pagos en efectivo: Tabar declaró bajo juramento que las refacciones en la propiedad de 400 m² tuvieron un costo total de 245.000 dólares, los cuales habrían sido abonados por Adorni en billetes, de forma presencial y sin comprobantes legales.
Llamadas sugestivas: El contratista denunció que, antes de presentarse ante la Justicia, recibió llamadas del entorno de Adorni donde se le «ofrecía ayuda» técnica para su declaración, lo que despertó sospechas sobre posibles intentos de interferencia con los testigos.
Mensajes eliminados: Ante la justicia, el arquitecto reconoció que había borrado ciertos intercambios, lo que motivó la orden de extracción forense del contenido del equipo para asegurar la prueba
Desde el entorno de Manuel Adorni han calificado las cifras mencionadas por el contratista como «exageradas» y negaron cualquier irregularidad en el patrimonio del funcionario. El jefe de Gabinete evitó dar detalles públicos en sus recientes conferencias de prensa en la Casa Rosada, limitándose a declarar que todas las explicaciones serán presentadas dentro del expediente judicial.
Por el momento, la Justicia también ha activado la intervención de la DATIP y la DATIF, organismos especializados de la Procuración, para cruzar los números de la obra con los ingresos declarados por el funcionario y determinar si existe una incompatibilidad patrimonial.
