La justicia boliviana determinó la situación legal del exmandatario luego de que este no se presentara a la audiencia inaugural del juicio oral en Tarija por presunta trata de personas agravada.
TARIJA, BOLIVIA – El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija declaró este lunes 11 de mayo de 2026 en estado de rebeldía al expresidente Evo Morales Ayma, disponiendo su inmediata aprehensión tras su inasistencia injustificada al inicio del juicio oral en su contra por el delito de trata de personas agravada.
El juez Carlos Oblitas tomó la determinación después de constatar que ni el exmandatario ni su equipo de abogados defensores asistieron a la audiencia fijada para las 8:20 hora local. Según el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, el Ministerio Público ha presentado más de 170 pruebas que vinculan a Morales con una presunta relación con una menor de 15 años durante su periodo presidencial.
Con la declaratoria de rebeldía, el tribunal activó una serie de medidas legales para garantizar la comparecencia del imputado:
–Mandamiento de aprehensión: Se instruyó a la Policía Nacional localizar y detener a Morales.
–Arraigo nacional: Se prohíbe oficialmente su salida del territorio boliviano.
–Medidas patrimoniales: Se ordenó la anotación preventiva de sus bienes y la congelación de sus cuentas bancarias.
–Publicación de edictos: Sus datos serán difundidos públicamente para facilitar su captura.
Desde el equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, calificaron el proceso como una «persecución política» orquestada por la actual administración de Rodrigo Paz [1.1.1, 1.2.3]. Chávez argumentó que su defendido no fue notificado conforme a los procedimientos legales y que la citación por edicto vulneró sus derechos fundamentales [1.4.5].
Por su parte, el líder cocalero permanece atrincherado en la región del Chapare, Cochabamba, su principal bastión sindical, donde sus seguidores mantienen vigilias permanentes para evitar cualquier operativo policial de detención. Organizaciones afines ya han advertido sobre posibles movilizaciones y una «insurgencia nacional» en respuesta a lo que consideran un intento de proscripción política.
Este nuevo revés judicial profundiza la fractura dentro del oficialismo boliviano y ocurre en un marco de alta tensión social por la situación económica del país. El juicio por trata agravada, que podría acarrear una pena de hasta 20 años de prisión, queda en suspenso hasta que Morales sea capturado o se presente voluntariamente ante el tribuna.
