La presentación judicial fue realizada tras conocerse mensajes intimidatorios que habrían sido enviados desde el entorno del Vocero Presidencial hacia un testigo clave de la investigación sobre su patrimonio.
El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, suma un nuevo frente judicial. En las últimas horas se presentó una denuncia formal en su contra por el presunto delito de coacción y amenazas contra uno de los testigos que debe declarar en la causa donde se investiga el crecimiento patrimonial del funcionario y su familia.
La denuncia recayó en los tribunales de Comodoro Py y sostiene que el testigo —cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad— habría recibido advertencias directas para modificar su testimonio o abstenerse de aportar pruebas en el expediente por enriquecimiento ilícito.
La causa principal contra Adorni investiga la adquisición de bienes y el manejo de fondos que, según los denunciantes originales, no coincidirían con los ingresos declarados antes de su llegada a la función pública. En ese contexto, la declaración del testigo ahora amenazado se considera «crucial» para determinar el origen de ciertos activos.
Según el escrito presentado ante la Justicia, las amenazas habrían incluido mensajes de texto y presiones indirectas, buscando silenciar información sobre presuntas irregularidades en contratos o movimientos financieros vinculados al entorno del vocero.
Desde el entorno de Adorni aún no han emitido un comunicado oficial detallado, aunque en breves declaraciones informales calificaron la denuncia como una «operación política sin sustento» y aseguraron que el funcionario está «a entera disposición de la Justicia».
Por su parte, los abogados denunciantes solicitaron medidas de protección urgentes para el testigo y que se periten los dispositivos electrónicos desde donde habrían salido los mensajes intimidatorios.
La causa por enriquecimiento ilícito, que ya generaba ruido en la Casa Rosada, escala ahora a una instancia penal más grave que podría comprometer la estabilidad del portavoz en su cargo si el juez decide avanzar con el llamado a indagatoria.
