El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat acordó llevar adelante un trabajo conjunto con las Defensorías de todo el país para la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en alquiler.
Así se informó tras la reunión que mantuvieron esta tarde el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, con el coordinador del Consejo Federal de la Defensa Pública, Maximiliano Benítez.
El encuentro se realizó en el marco de la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales que viene llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
En el encuentro, del que también participaron el responsable del área de Alquileres del organismo, Facundo Di Filippo y el asesor de la Secretaría, Agustín Territorial, se acordó en la necesidad de realizar un trabajo conjunto con las Defensorías con el objetivo de implementar el Protocolo en toda la República Argentina.
Asimismo, se puntualizó en que uno de los elementos para asistir de manera integral a las personas afectadas por situaciones de desalojo es la producción de datos y estadísticas que cada Defensoría pueda brindar al Registro que forma parte del Protocolo.
En este sentido, se definió la firma de un convenio que permita que ambas instituciones puedan trabajar conjuntamente en agendas comunes. A la producción de información se sumarán capacitaciones y derivación en asistencia a familias vulnerables.
Tras finalizar la reunión, Scatolini afirmó que este encuentro «es un paso muy importante para avanzar en la implementación del Protocolo y así poder ayudar en soluciones concretas a aquellas personas que están atravesando situaciones de desalojos».
A comienzos de abril, el Gobierno nacional aprobó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, a través de la resolución 5/2021 de la Secretaría de Desarrollo Territorial.
La misma precisó que el Protocolo tiene como objetivo establecer un marco de actuación institucional tendiente a sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.
También apunta a desarrollar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente; y a proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.
El Protocolo se implementará en aquellos casos en los que locatarios o locatarias de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales enfrenten procesos de mediación o judiciales de desalojo cuyos contratos hubieran estado alcanzados por el Decreto 320/2020 que prohibió los desalojos, y sus prórrogas.
Debe estar conectado para enviar un comentario.