La Corte Suprema de Justicia había establecido que únicamente podía extenderse esa medida hasta el 31 de julio, por lo que ahora el Gobierno le pide al Congreso legislar sobre la cuestión que afecta a millones de estadounidenses.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que dejará vencer el fin de semana la moratoria nacional que impedía desalojos de inquilinos porque la Corte Suprema de Justicia no le deja margen, al haber establecido que únicamente podía extenderse esa medida hasta el 31 de julio, por lo que instó al Congreso a legislar sobre la cuestión para evitar el riesgo inminente que corren millones de personas.
“Dada la reciente propagación de la variante Delta, incluso entre aquellos estadounidenses que tienen más probabilidades de enfrentar desalojos y que carecen de vacunas, el presidente (Joe)Biden habría apoyado firmemente una decisión de extender aún más esta moratoria de desalojopara proteger a los inquilinos en este momento de mayor vulnerabilidad”, expresó la Casa Blanca en un comunicado.
Pero advirtió que“desafortunadamente, la Corte Suprema ha dejado en claro que esta opción ya no está disponible».
En esa sentencia,el máximo tribunal de Estados Unidos indicó que «sería necesaria una autorización clara y específica del Congreso (mediante una nueva legislación)» para volver a renovar esa moratoria.
Biden también pidió heste jueves a los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, de Agricultura y de Asuntos de Veteranos que prorroguen sus moratorias hasta finales de septiembre, algo que sí está facultado para hacer y que aliviará a residentes de propiedades aseguradas por el gobierno federal.
La moratoria fue decretada inicialmente en septiembre del 2020por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en plena pandemia de Covid-19.
Biden también llamó a los estados y a las localidades a que aceleren el desembolso de las ayudas de emergencia para el alquiler, «ante el inminente fin de la moratoria de desahucios de los CDC».
A fines de marzo,6.400.000 hogares estadounidenses se habían retrasado en el pago de sus alquileres, de acuerdo con el Departamento de Viviendas, por la crisis económicaderivada de la pandemia.
Biden insta al Congreso debería legislar para evitar el desalojo de millones de estadounidenses
Y según un relevamiento de la Oficina de censo, a comienzos de julio unas 3.600.000 de personas dijeron que enfrentaban inminentes desalojos en los dos meses siguientes.
El mes pasado,la Corte resolvió por una ajustada mayoría de 5 votos a 4 que la prohibición de desalojos continuara hasta finales de julio, pero uno de los magistrados que votó en ese sentido, Brett Kavanaugh, avisó que bloquearía cualquier extensiónadicional a menos que hubiera una «autorización clara y específica del Congreso».
La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo en junio que esta sería la última vez que se prorrogaría la moratoria, inicialmente pensada como forma de prevenir una mayor propagación de la Covid-19.
El Congreso destinó casi 47 mil millones de dólares en asistencia que se supone se destinará a ayudar a los inquilinos a pagar meses de alquiler atrasado, pero los estados y los municipios solo repartieron alrededor de 3 mil millonesdel primer tramo de 25 mil millones hasta junio.
Para la directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, Diane Yentel, la combinación “de la variante creciente del delta con 6.500.000 de familias atrasadas en el pago de la renta y en riesgo de desalojo exige una acción inmediata”.
Un comunicado conjunto de tres legisladores demócratas – Cori Bush, de Missouri; Jimmy Gomez, de California; y Ayanna Pressley, de Massachusetts- advirtió que “la pandemia no ha quedado atrás, y las políticas federales de vivienda deberían reflejar esa cruda realidad”.
“Con Estados Unidos enfrentando la crisis de desalojo más severa de su historia, nuestros gobiernos locales y estatales todavía necesitan más tiempo para distribuir asistencia de alquiler fundamental para ayudar a mantener un techo sobre las cabezas de nuestros electores”, afirmó el texto.
Los propietarios, por su parte, se opusieron a la moratoria y rechazan ahora cualquier forma de prórroga.
Esta semana, la Asociación Nacional de Apartamentos y varios otros presentaron una demanda federal en reclamo de 26.000 millones de dólares en daños debido al impacto de la moratoria.
«Cualquier extensión de la moratoria de desalojo equivale a un mandato gubernamental no financiado que obliga a los proveedores de vivienda a brindar un servicio costoso sin compensación y carga a los inquilinos con una deuda insuperable», dijo el titular de la entidad, Bob Pinnegar.
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