El Gobierno nacional aceleró el plan de reformas estructurales y oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida se formalizó mediante la publicación de los pliegos de bases y condiciones en el Boletín Oficial, bajo la conducción del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. La administración del presidente Javier Milei busca transferir el 90% del paquete accionario al sector privado y proyecta recaudar una suma estimada en USD 500 millones.
La decisión profundiza la política oficial de desinversión en activos públicos amparada en la Ley de Bases. Con este paso, el Poder Ejecutivo revierte la estatización dispuesta en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se rescindió el contrato de la entonces firma Aguas Argentinas.
El ministro Luis Caputo ratificó el rumbo de la gestión al señalar en sus canales oficiales que el Estado «deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión». El ingreso de divisas por esta venta se utilizará para afrontar vencimientos de deuda soberana en los próximos meses.
Las claves del pliego y el esquema de venta
El diseño financiero y operativo estructurado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas estipula un modelo mixto dividido en etapas claras:
–Control Operativo (51%): Se adjudicará mediante licitación pública internacional a un «operador estratégico» que demuestre solvencia económica y experiencia técnica comprobable en el sector de saneamiento.
–Oferta Pública (39%): El remanente de las acciones estatales se colocará posteriormente en el mercado bursátil a través de una Oferta Pública Inicial (IPO).
–Propiedad Participada (10%): Este porcentaje minoritario quedará reservado exclusivamente para los empleados actuales de la firma.
–Plazo de Concesión: El nuevo operador tendrá la explotación exclusiva del servicio por un período de 30 años, con una prórroga potencial de hasta 10 años adicionales.
El área regulada abarca la provisión de agua potable y tendido de cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, prestando servicio directo a más de 15 millones de personas.
