Este viernes 17 de abril de 2026, la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió un durísimo revés judicial. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó formalmente la detención e indagatoria del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino.
La solicitud se enmarca en una causa iniciada en diciembre de 2025 que investiga una presunta red de corrupción y lavado de dinero vinculada a bienes adquiridos en la provincia de Santiago del Estero. Los cargos presentados por la fiscalía son:
Asociación ilícita agravada: Se sospecha de una organización criminal con recursos económicos significativos para desviar fondos de la AFA.
Lavado de activos: La investigación apunta a maniobras financieras para blanquear dinero a través de la compra de inmuebles y vehículos, así como el uso de facturas apócrifas y operaciones con dólar informal.
Justificación del pedido de detención
El fiscal Simón fundamentó el pedido de prisión preventiva ante el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, dada la posición de poder y los contactos internacionales de los imputados. Además de las detenciones, se han solicitado:
Allanamientos en diversos domicilios y sedes vinculadas a los dirigentes.
Inhibición general de bienes que alcanza a decenas de empresas y propiedades.
Peritajes sobre el entramado societario y los movimientos bancarios.
Un frente judicial complejo
Este pedido de detención se suma al procesamiento dictado el pasado 30 de marzo por el juez Diego Amarante en otra causa por apropiación indebida de tributos. En ese expediente, Tapia y Toviggino ya contaban con:
Embargos por $350 millones cada uno.
Prohibición de salida del país, lo que ya ponía en duda la presencia de Tapia en el próximo Mundial si no obtenía permisos específicos.
La resolución final sobre estas detenciones recae ahora sobre el juez federal Sebastián Argibay (o Guillermo Díaz, según la instancia del expediente), quien deberá definir en las próximas horas si hace lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
