El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa solicitaron su ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal. La jugada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ocurrió pocas horas antes del vencimiento para presentar su postergada declaración jurada patrimonial. Mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza con un pedido de justificación de bienes por presunto enriquecimiento ilícito, este mecanismo tributario oficialista aparece en el centro de la escena política.
¿Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias?
El Régimen Simplificado de Ganancias es un pilar central de la Ley 27.779 —conocida como Ley de Inocencia Fiscal— que impulsó el gobierno de Javier Milei. Este sistema modifica de manera rotunda el paradigma de control tradicional del fisco:
Menos controles y sin detalles patrimoniales: El formato simplificado permite a los contribuyentes declarar el Impuesto a las Ganancias basándose únicamente en sus ingresos, gastos y deducciones, de acuerdo con los registros pre-cargados por el organismo recaudador.
Efecto liberatorio: El beneficio clave de este esquema es que elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales anuales. Tampoco requiere detallar los consumos anuales ni el patrimonio neto exacto al inicio o al cierre del período fiscal.
Blindaje impositivo: Al convalidar la liquidación propuesta, se genera un «tapón fiscal» que impide que ARCA revise de oficio las declaraciones impositivas previas de ese contribuyente, salvo que se detecte una discrepancia superior al 15%.
Elevación de topes para investigación: La misma normativa elevó drásticamente el umbral a partir del cual el Estado puede perseguir penalmente por evasión simple (que pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos). Además, acorta el plazo de prescripción para que el organismo investigue, reduciéndolo de 5 a 3 años.
Una maniobra familiar bajo la lupa de Comodoro Py
La solicitud de Manuel Adorni se concretó inmediatamente después de que registros de Infobae expusieran que su esposa, Bettina Angeletti, se había adherido al mismo plan el pasado 31 de mayo. Desde el entorno del funcionario alegan que no se busca un blanqueo de «dinero bajo el colchón», sino simplificar trámites administrativos corrientes, asegurando que las explicaciones a la Justicia irán por carriles separados.
Sin embargo, para los investigadores de los tribunales federales de Retiro, el movimiento genera suspicacias por el momento en que se ejecuta.
El avance de la causa judicial
El fiscal Gerardo Pollicita y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) preparan un informe contable global que cruzará ingresos oficiales, deudas y gastos del jefe de Gabinete.
La Justicia investiga un presunto incremento patrimonial desproporcionado impulsado por hitos polémicos:
Obras de lujo en Indio Cuá: Un contratista declaró haber cobrado un estimado de 245.000 dólares en efectivo por remodelaciones suntuosas que incluyeron cascadas artificiales y mármol en su propiedad de un country.
Viajes cuestionados: Se encuentra bajo investigación un vuelo familiar a Punta del Este durante el feriado de carnaval en un avión privado valuado en 7.830 dólares. Se sospecha que el costo habría sido cubierto por la productora ImHouse, que mantiene contratos vigentes con la TV Pública.
Inmuebles bajo sospecha: Siguen en la mira un departamento en Caballito adquirido bajo una hipoteca con condiciones inusuales y la falta de presentación oportuna de la declaración jurada pública obligatoria de bienes.
La adhesión al sistema simplificado de la Ley de Inocencia Fiscal le permite al funcionario ordenar su frente administrativo frente al fisco. A pesar de ello, el peritaje de la DATIP avanzará de manera autónoma para determinar en los próximos meses si corresponde llamar a Adorni a una declaración indagatoria en sede penal.
