La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) advirtió hoy que los conflictos de tierras con las comunidades originarias «deben ser analizados a la luz de la Constitución Nacional y las normas internacionales del derecho indígena», y reclamó la «desmilitarización» de la Comarca Andina, la región que abarca las provincias de Río Negro y Chubut.
«Es preciso y urgente la conformación de mesas de trabajo con representantes de las comunidades para arribar a soluciones reales», indicó la APDH en un comunicado.
La organización de derechos humanos planteó que «los conflictos de tierras con las comunidades originarias deben ser analizados a la luz del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y las normas internacionales del derecho indígena».
«Por ello reclamamos la desmilitarización de la Comarca Andina, la convocatoria a la realización del relevamiento de territorios de las comunidades establecido en la ley 26.160 (‘Normativa sobre Pueblos Indígenas y sus comunidades’) y el reconocimiento de las personerías jurídicas para la concreción de la propiedad comunitaria», señaló la APDH.
En el comunicado, firmado por María Elena Naddeo, Guillermo Torremare y Soledad Astudillo, el espacio de derechos humanos consignó que «la represión desatada en conflictos similares durante el gobierno de Mauricio Macri, y llevada adelante por la entonces ministra Patricia Bullrich, llevaron a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y al asesinato de Rafael Nahuel, ambos temas todavía en curso judicial para lograr la condena de los responsables».
«En su memoria, reclamamos descartar cualquier solución de uso de la fuerza de seguridad local o nacional», añadió la APDH, al reclamar además la puesta en marcha de un «corredor humanitario para proveer de alimentos y abrigos a la Lof (Comunidad) Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero, que hoy se encuentra sitiada y amenazada».
El presidente Alberto Fernández analizó este sábado con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales, y ambos coincidieron en la necesidad de «llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación».
