La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó este jueves al Estado provincial actualizar la indemnización por daño moral que le corresponde a la hija de Paulina Lebbos, la estudiante universitaria asesinada en 2006 y cuyo crimen sigue impune, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por la ONG MujeresxMujeres que representa a la joven.
En el recurso, el argumento fue que la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de la sala III de la Cámara Penal de Tucumán en diciembre del año pasado, contra el ex fiscal Carlos Albaca por encubrir el crimen de Lebbos y contra el gobierno de Tucumán por la responsabilidad civil en la prestación irregular del servicio de justicia que facilitó a los culpables eludir el castigo «no contenía intereses desde la fecha del hecho y explicamos la arbitrariedad en el encubrimiento estatal del femicidio», explicó la abogada Soledad Deza, representante de la hija de la víctima y presidenta de MxM.
El asesinato de Paulina Lebbos fue en 2006 y sus femicidas «permanecerán impunes para siempre porque quien tenía que investigar, no investigó», resaltó la abogada.
El 30 de diciembre del año pasado, la justicia condenó al exfiscal de instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca por el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado», en lo que fue el tercer juicio que se sigue por el asesinato de Lebbos.
También se condenó civilmente al Gobierno de Tucumán quien debe indemnizar a Leti -se reserva la identidad de la joven por pedido de ella- la hija de Lebbos, pero la sentencia no contenía ninguna referencia sobre intereses para actualizar la suma de dinero.
Fue el tercer juicio que se realizó en Tucumán por el crimen de la estudiante universitaria.
El primero se desarrolló entre fines del 2013 y principios de 2014 y tuvo como imputados al excomisario Enrique García, el exoficial Manuel Yapura y el expolicía Roberto Lencina, quienes fueron condenados por el «encubrimiento» del crimen de Paulina, por fraguar actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.
El segundo debate oral que estuvo a cargo de la sala III en lo Penal de la ciudad de Tucumán, comenzó a principios del 2018 y se extendió un poco más de un año.
En ese debate fue absuelto Roberto Luis Gómez, quien había llegado acusado de ser «partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad, seguida de muerte» de Paulina.
En tanto, el tribunal condenó a seis años de prisión al exjefe de policía Hugo Sánchez y al exsecretario de Seguridad Eduardo Di Lella, acusados del encubrimiento del crimen.
Los jueces también condenaron por el mismo delito al exsubjefe de policía Nicolás Barrera, a 5 años y 6 meses de prisión; al exsubjefe de la Regional Norte Rubén Brito, a 5 años y al expolicía Waldino Rodríguez, a 3 años de prisión condicional.
Tanto Sánchez, como Di Lella, Barrera y Brito fueron funcionarios del exgobernador de Tucumán y exsenador José Alperovich, quien afrontará un juicio por el abuso sexual por una sobrina.
En febrero de 2020 el Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió investigar a César Soto quien era pareja de Paulina y a Sergio Kaleñuk, hijo de un exsecretario de Alperovich, por el asesinato de la estudiante universitaria.
Soto y Kaleñuk fueron notificados en esa oportunidad que serían investigados por el crimen horas antes de la causa prescriba por cumplirse 15 años del hecho.
«¿Cuánto vale la duda perpetua de saber si su padre biológico fue quien mató a su madre o que tanto participó en ese crimen? ¿Cuánto vale el sufrimiento continuo de pasar una vida siendo la hija de Paulina, víctima de un femicidio impune de los hijos del poder? ¿Cuánto vale tener que hacer un juicio para cambiar el apellido y poder gozar de una identidad autónoma por fuera de la tragedia personal? ¿Cuánto vale la destrucción de los lazos familiares a temprana edad? ¿Cuánto vale la decisión de vivir y estudiar en otra provincia por que esta huele a muerte y a sangre para siempre?», dijo Deza en el alegato final ante la Corte provincial.
La abogada resaltó que «esta sentencia que acoge favorablemente el recurso de casación de Leti no sólo permite actualizar el monto de la indemnización que cobrará de manos del Estado provincial, sino que además confirma el carácter integral que tienen las reparaciones de las víctimas de violencia».
«La reparación económica forma parte de las obligaciones estatales para con las víctimas de violencia de género. Un Estado que repara, es un Estado que revisa sus errores, indemniza los daños que provoca y se compromete a erradicar todas las violencias», concluyó la profesional.
