El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Japón marcó un máximo inédito desde 1981, tras registrar una suba interanual de 3,7% interanual en noviembre, impulsada por alimentos procesados y energía, informó hoy el Ministerio de Asuntos Internos japonés.
El nuevo récord pone en la mira al Banco de Japón, entidad que -a contramano de los principales bancos centrales del mundo- elige desde hace más de una década una política acomodaticia con la idea de que la alta inflación impulsaría un aumento de los salarios y, por ende, del consumo, en una economía estancada desde los ’90.
Sin embargo, los salarios siguen corriendo por detrás y llevan siete meses de retroceso frente a la inflación.
Esta semana, la entidad monetaria nipona abrió de forma sorpresiva la posibilidad a que el rendimiento de los bonos públicos a 10 años suba hasta 0,50% en lugar del tope de 0,25% que había mantenido anteriormente, lo cual el mercado lo entendió como un paso previo a un aumento de las tasas de interés.
Hay motivo para un cambio de viraje de la política monetaria: la inflación núcleo -que excluye los valores de la energía y los alimentos- ya lleva ocho meses superando la meta del 2% anual del banco central y, en noviembre, totalizó 2,8%.
“Un cambio en la política podría ocurrir en primavera luego de que el nuevo gobernador del banco tome el puesto”, analizó Koya Miyamae, economista de SMBC Nikko Securities a la agencia Bloomberg.
Sin embargo, Haruhiko Kuroda, actual gobernante cuyo mandato finalizará en abril próximo, tiene un historial de realizar cambios de 180 grados en sus políticas.
“Kuroda puede hacer decir algo completamente distinto de lo que viene diciendo, por lo que el mercado permanece escéptico”, agregó Miyamae.
Sin embargo, Kuroda reiteró –luego de modificar el rango de los bonos esta semana- que el incremento de los precios se ralentizará el próximo año y que son necesarios más aumentos en los salarios.
Para morigerar el impacto de la inflación, el primer ministro, Fumio Kishida dispuso medidas de alivio incluyendo US$ 295.000 millones en gastos fiscales como subsidios dirigidos a rebajar las facturas de electricidad en un 20% y hacia los combustibles.
Tanto el Gobierno como el Banco de Japón estiman que la inflación volverá a caer por debajo de 2% anual el próximo año.
