Familiares y amigos de Araceli Fulles (22), la joven asesinada en 2017 en la localidad de José León Suárez, marcharon esta tarde frente a los tribunales de Casación de La Plata para exigir que los tres hombres que fueron absueltos en segunda instancia por el femicidio «vuelvan a la cárcel».
«Lo único que pido es Justicia por mi hija. Que vuelvan a estar presos, mi hija no salió más de un cementerio, ellos no tienen que salir tampoco de la cárcel. Tienen que volver a estar presos», expresó a Télam la madre de Araceli, Mónica Ferreyra, en la previa a la manifestación.
La marcha comenzó pasadas las 13 en las oficinas judiciales ubicadas sobre la calle 43, entre 12 y 13, luego de que dos micros llegaran al lugar desde el barrio Sarmiento del partido de San Martín, de donde era oriunda la víctima.
«Por todas las mujeres que fueron asesinadas por hombres y no tuvieron justicia. Somos muchas las personas que venimos caminando las calles para que no sigan liberando a ningún femicida. Hagan su trabajo, señores jueces», sostuvo una de las oradoras en la movilización.
Varias banderas y carteles con la imagen de Araceli junto con la palabra «Justicia» acompañaron la concentración frente a las oficinas del Tribunal de Casación bonaerense.
La convocatoria se motivó en el fallo de la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense que revocó las condenas de Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas, y ordenó que los liberen.
Si bien los tres hombres habían sido sentenciados a prisión perpetua en 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín, los camaristas Daniel Carral, Víctor Violini y Ricardo Maidana ordenaron anular dicho juicio y la realización de un nuevo debate.
El principal fundamento de los magistrados para liberar a Cassalz, Escobedo y Cabañas fue el cuestionamiento a la labor de uno de los peritos de parte que aportó pruebas fundamentales para el caso, el adiestrador canino Marcos Herrero.
«El tribunal ignora la complejidad del planteo que hizo la defensa sobre la actuación de Herrero, pues era claro que no se limitaba a los aspectos puramente formales de su intervención (como el cumplimiento de los protocolos sugeridos en la búsqueda de personas, los avales del instructor, las certificaciones de su perro particular o la rigurosidad científica de su método, aunque estos cuestionamientos también se hicieron y no fueron respondidos con seriedad, ya de por sí no menores), sino sobre el temor fundado de que su actuación haya sido ilegítima», dijeron en el fallo.
Por lo tanto, además de las absoluciones, Casación ordenó extraer las actuaciones y enviarlas a la Fiscalía General de San Martín para que se investigue la actuación de Herrero en esta causa.
Sobre esta decisión, Mónica contó a esta agencia: «Lo que hicieron los camaristas no nos cayó nada bien. Hace que tengamos que empezar todo de nuevo».
Por su parte, la fiscal Daniela Bersi y el abogado que representa a la familia Fulles, Diego Szpigiel, aseguraron que analizarán los fundamentos del fallo y posiblemente apelen ante la Suprema Corte bonaerense.
El femicidio de Araceli Fulles ocurrió durante la noche del 2 de abril de 2017 cuando, según el TOC 3, alrededor de las 7 de la mañana la víctima se dirigió hacia un corralón que era propiedad de Cassalz, donde «se produjo su muerte violenta».
En el marco del juicio, Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas fueron considerados como los responsables de causarle a la joven una «asfixia mecánica» por «estrangulamiento a lazo» con un elemento compatible con precintos plásticos.
Además, ese mismo tribunal señaló como coautor del hecho a Darío Badaracco, quien había sido detenido en la causa, pero murió el 13 de abril de 2019, luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.
El cuerpo de Araceli fue hallado tras 25 días de búsqueda, el 27 de abril de 2017, debajo de unos escombros, en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.
