AUBASA es un desastre. La empresa pasó del superávit con ejecución de obras de 2019 a la pérdida de $3700 millones en el año 2021, y a depender de los aportes de la propia Provincia de Buenos Aires para el pago de salarios y prestaciones básicas de seguridad.
AUBASA no sólo ya no hace obras, sino que incluso eliminó la Gerencia respectiva, despidiendo a todos los ingenieros viales que la integraban, perdiendo entonces capacidad para ejecutarlas en el futuro. Obviamente, el mantenimiento brilla también por su ausencia.
Desde que en diciembre de 2019 se terminó la última obra licitada, el único trabajo que se hizo fue una pintada de urgencia de la Ruta 2, sólo para llegar al verano. Nada se hizo ni con relación al estado de la ruta ni para la seguridad de los usuarios. Cualquier usuario que vaya a la costa atlántica puede verificar el abandono.
Más allá de la publicidad que hace la empresa en las redes sociales, la verdad es que AUBASA no tuvo absolutamente nada que ver con la construcción de las segundas calzadas en las rutas 11 y 56. Dichas obras fueron financiadas, licitadas y ejecutadas, exclusivamente por la Provincia de Buenos Aires. Las obras las había paralizado el gobierno saliente de Vidal, y el actual las reactivó para finalizarlas.
Y es cierto que la empresa tiene un grave atraso tarifario, pero también hay que mirar las pésimas administraciones que siguieron al cambio de gobierno.
Bajo las administraciones de Osuna y especialmente durante la actual de Lissalde nada se hizo, ni para mejorar la eficiencia operativa de la empresa, ni para mejorar los ingresos buscando fuentes alternativas de recursos.
Obviamente, nada se hizo para racionalizar el gasto superfluo en autos, viáticos, etc; y las designaciones de personal jerárquico y la contratación de asesores no dejaron de aumentar. Donde había un jefe, Lissalde designó gerente; y si había un Gerente, Lissalde nombró un subgerente. Y aunque no hiciera falta, igualmente se contrataron múltiples asesores. Eso sí, todos los ingresantes comparten una misma condición con el actual presidente: sueldos altos, muy altos, y total y absoluto desconocimiento de la actividad.
La desidia sorprendió a propios y extraños.
Más aún, incluso se reconoció a favor de la anterior concesionaria de la ruta 2, cuyo contrato de concesión fuera objeto de numerosas observaciones, una deuda por presuntas inversiones no amortizadas de casi $500 millones más intereses, sin intervención ni de la Fiscalía de Estado ni de ningún otro organismo de control.
Y si hay algo que relatan todos los trabajadores sin distinción de jerarquía o área de trabajo es el constante maltrato de parte del actual presidente Ricardo Lissalde, que incluso ha generado temores de violencia física. El acoso es constante.
A punto tal Lissalde generó una sangría en la empresa, que incluso puede decirse que la empresa perdió la capacidad de gestionar las concesiones que tiene a su cargo porque ya no tiene los recursos humanos capacitados para eso: si en algún momento se resuelve la cuestión tarifaria y la empresa recupera sus ingresos, igualmente carecerá de personal idóneo para gestionarlos y poner la empresa nuevamente en marcha. Así de extenso es el daño que se hizo.
Hasta aquí, una parte de la historia.
Del otro lado tenemos al sindicato, al que Lissalde ha dado la excusa perfecta para generar la situación de conflicto que ahora envuelve a la empresa.
Más allá de que todo lo que se dice de Lissalde es cierto, está claro que detrás de los reclamos que justifican la medida de fuerza, lo que hay en realidad es una disputa de poder por el control de la empresa. En el sector es bien sabido que Facundo Moyano intentó imponer al presidente de la empresa en el cambio de gobierno de 2019, y que luego propuso la creación de un nuevo organismo que se ocupara de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires controlado, o fuertemente influido, por “los trabajadores”.
Digamos que no la tiene fácil el Gobernador, que necesita resolver una situación que empezó con Simone y termina con Lissalde apadrinado por Carli Bianco, sin entregar la empresa a un sindicato que cree que la solución a todos los problemas es aumentar la tarifa, sin ganancias de eficiencia de ningún tipo.
